Lima, 6 feb (Prensa Latina) El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep), Lucio Castro, rechazó hoy un proyecto de ley gubernamental que dispone la expulsión de maestros por razones ideológicas.
El proyecto, anunciado ayer por el primer ministro Alberto Otárola fue calificado por Castro como «efectista y demagógico», así como anticonstitucional.
El dirigente declaró a Prensa Latina que la norma, pendiente de debate congresal, es reiterativa, pues existen ya otras que proscriben a los maestros que defiendan ideologías contrarias a la Carta Magna.
Añadió que la pretensión de procesar y destituir a los maestros que discrepen con la Constitución neoliberal, atenta contra el derecho de los ciudadanos a expresar su opinión al respecto.
«El Sute cuestiona la constitución y plantea para reemplazarla mediante un referendo y una asamblea constituyente», aseveró y señaló que sería una locura cercenar el derecho a tener esa posición.
Al anunciar la norma, el primer ministro afirmó, según la agencia estatal de noticias Andina, que «dispone el cese inmediato de los maestros que pertenecen a ideologías que contravienen la Constitución y que dictan clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos».
Por su parte, el exlíder y fundador del Sutep Rolando Breña dijo que la norma anunciada es «completamente antidemocrática y fascista», pues todos los ciudadanos, entre ellos los maestros, tienen derecho a adherir a una ideología, a una religión y a una posición política, sin ser reprimidos por ello.
Añadió que una cosa es lo que llaman meter ideas en la cabeza de los alumnos y otra es mantenerse al margen de la realidad y por eso, hace décadas en la secundaria se estudiaba la materia de Economía Política, para que los alumnos se entiendan a sí mismos, su contexto y sus perspectivas de desarrollo.
Breña señaló que el neoliberalismo instalado en Perú modificó el currículo escolar y eliminó la citada materia para mantener a los estudiantes completamente ajenos a los problemas nacionales.
Agregó que la Constitución de 1993 se aprobó en un momento en que una mayoría impuso un modo de organizar el país y no puede ser inamovible, ni eterna.
«La quieren eternizar en función de sus intereses y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la constitución neoliberal impuesta por el régimen de Alberto Fujimori», la cual se mantiene por la fuerza.
Importantes sectores de la población plantean el cambio de la Carta Magna y una amplia mayoría plantea en las encuestas reformar o cambiar totalmente esa ley de 1993.